En imagen: Luis Ipiña
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Hace pocos días se realizaron elecciones en el País Vasco en un ambiente de relativa normalidad: por primera vez en una década se permitieron candidaturas relacionadas con la izquierda abertzale (patriótica), con lo que la coalición independentista Bildu (reunir) se constituyó en la segunda fuerza más votada y la primera en cargos electos.
Esto, aunado a la tregua permanente, incondicional y verificable decretada por ETA desde enero de este año, hace que en el País Vasco se vea posible la solución democrática del histórico conflicto y se abra el camino a la paz.
En contraste con esto, en nuestro país la comunidad vasca sufre persecución política por parte del gobierno con la pretensión de criminalizarla y perseguir a la solidaridad con ella; dos hechos recientes ilustran esta intentona preocupante: la expulsión de Juan Carlos Rekarte y la detención arbitraria e ilegal de Luis Miguel Ipiña.
A partir de un material informático supuestamente incautado en un cateo al domicilio de Rekarte después de su expulsión, se armó un expediente policial que es el pretexto para la ilegal detención de Ipiña, durante la cual se sembraron pruebas en su domicilio. Además, a partir de un supuesto trabajo de inteligencia se intenta vincular a Ipiña con la Diaspora Vasca Xavier Mina y con activistas solidarios con el pueblo vasco, ubicando falsamente a estos dos últimos como parte de ETA.
Diáspora Vasca Xavier Mina, una asociación que hace trabajo público y transparente por los derechos civiles, culturales y políticos del País Vasco, no tiene ningún tipo de relación con ETA. Ipiña, al igual que cientos de personas, ha asistido como público a algunas de las Jornadas abiertas que realizan la Diáspora y solidarios mexicanos; esa es la única relación existente y no hay en ello acto criminal alguno. Por ello entendemos que este montaje, que mantiene a Ipiña en la cárcel con pruebas falsas, tiene la finalidad de criminalizar, desvirtuar las actividades y perseguir el compromiso solidario de ciudadanos vascos y mexicanos.
Creemos que si el Gobierno Mexicano quiere tener algún papel en el conflicto y el nuevo panorama abierto en el País Vasco, éste debe ser en clave de soluciones y no en clave de encono. Por ello:
Exigimos el cese de todo tipo de actuaciones policiaco-judiciales arbitrarias, ilegales e injustas con fines políticos en contra de activistas y miembros de la comunidad vasca en México, y en particular en el caso de Luis Miguel Ipiña Doña.
Exigimos al gobierno su inmediata puesta en libertad.
Hacemos responsables a las autoridades federales de lo que le pueda suceder a cualquier miembro de dicha comunidad o a mexicanos solidarios.
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Hace pocos días se realizaron elecciones en el País Vasco en un ambiente de relativa normalidad: por primera vez en una década se permitieron candidaturas relacionadas con la izquierda abertzale (patriótica), con lo que la coalición independentista Bildu (reunir) se constituyó en la segunda fuerza más votada y la primera en cargos electos.
Esto, aunado a la tregua permanente, incondicional y verificable decretada por ETA desde enero de este año, hace que en el País Vasco se vea posible la solución democrática del histórico conflicto y se abra el camino a la paz.
En contraste con esto, en nuestro país la comunidad vasca sufre persecución política por parte del gobierno con la pretensión de criminalizarla y perseguir a la solidaridad con ella; dos hechos recientes ilustran esta intentona preocupante: la expulsión de Juan Carlos Rekarte y la detención arbitraria e ilegal de Luis Miguel Ipiña.
A partir de un material informático supuestamente incautado en un cateo al domicilio de Rekarte después de su expulsión, se armó un expediente policial que es el pretexto para la ilegal detención de Ipiña, durante la cual se sembraron pruebas en su domicilio. Además, a partir de un supuesto trabajo de inteligencia se intenta vincular a Ipiña con la Diaspora Vasca Xavier Mina y con activistas solidarios con el pueblo vasco, ubicando falsamente a estos dos últimos como parte de ETA.
Diáspora Vasca Xavier Mina, una asociación que hace trabajo público y transparente por los derechos civiles, culturales y políticos del País Vasco, no tiene ningún tipo de relación con ETA. Ipiña, al igual que cientos de personas, ha asistido como público a algunas de las Jornadas abiertas que realizan la Diáspora y solidarios mexicanos; esa es la única relación existente y no hay en ello acto criminal alguno. Por ello entendemos que este montaje, que mantiene a Ipiña en la cárcel con pruebas falsas, tiene la finalidad de criminalizar, desvirtuar las actividades y perseguir el compromiso solidario de ciudadanos vascos y mexicanos.
Creemos que si el Gobierno Mexicano quiere tener algún papel en el conflicto y el nuevo panorama abierto en el País Vasco, éste debe ser en clave de soluciones y no en clave de encono. Por ello:
Exigimos el cese de todo tipo de actuaciones policiaco-judiciales arbitrarias, ilegales e injustas con fines políticos en contra de activistas y miembros de la comunidad vasca en México, y en particular en el caso de Luis Miguel Ipiña Doña. Exigimos al gobierno su inmediata puesta en libertad. Hacemos responsables a las autoridades federales de lo que le pueda suceder a cualquier miembro de dicha comunidad o a mexicanos solidarios.
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